La defensa de Humberto Leal alega que no tuvo acceso al consulado de México como lo expresa la Convención de Viena.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, manifestó su oposición a la ejecución de un ciudadano mexicano encontrado culpable de violar y asesinar a una adolescente de 16 años en Texas.
Es un caso que ha causado tensiones diplomáticas entre Washington y México y un tira y afloje entre el gobierno del estado de Texas y las autoridades federales de EE.UU.
Obama se unió a las peticiones del equipo de abogados del condenado, Humberto Leal García, del gobierno de México, del Departamento de Estado y de otras instituciones nacionales e internacionales para que se le conmute la pena de muerte, con el argumento de que al acusado se le negó el debido acceso a representación diplomática antes de su juicio. Esta situación, argumentan, violaría compromisos internacionales suscritos por Estados Unidos.
La ejecución de Leal García, por inyección letal, está programada para este jueves, 7 de julio, a las 6 p.m., hora local. La Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas ya negó, el lunes, una solicitud de aplazamiento y/o conmutación de la pena y la decisión final queda ahora en manos del gobernador del estado, Rick Perry.
«Quien cometa el crimen más atroz en Texas, puede esperar recibir la pena máxima según nuestras leyes»
Katherine Cesinger, secretaria de prensa del gobernador de Texas
Obama alega que si se lleva a cabo la ejecución, esto dificultaría el acceso a ayuda legal para estadounidenses detenidos en otros países y dañaría «irreparablemente» las relaciones bilaterales con México.
El estado de Texas -como los otros estados- no está bajo obligación alguna de cumplir con los tratados internacionales a los que se adhiere el gobierno federal en nombre de la nación y tiene toda la potestad de seguir adelante con el cumplimiento de se particular código penal, en este caso la ejecución de un reo encontrado culpable de asesinato, salvo la intervención de la Corte Suprema o de una ley promulgada en el Congreso.
Contacto consular
Pocos ponen en duda que Humberto Leal sea responsable de haber violado y asesinado a Adrea Sauceda en la ciudad de San Antonio, en 1994.
Sin embargo, las autoridades tejanas no le informaron a Leal -que nació en México pero vive en EE.UU. desde los dos años- que tenía derecho tras su arresto a comunicarse con el consulado de México, según lo indica la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, CVRC.
«Con asistencia consular, probablemente no hubiera sido condenado y mucho menos sentenciado a muerte»
Sandra Babcock, abogada de Humberto Leal
La oficina de Sandra Babcock, abogada del condenado, dijo en un comunicado enviado a BBC Mundo, que «la ejecución debería suspenderse para afirmar el compromiso de EE.UU. con el imperio de la ley».
La defensora sostiene que la falta de acceso consular jugó un papel crucial en la aplicación de la pena capital porque Leal se incriminó durante declaraciones que dio a la policía sin entender su derecho a mantener silencio.
En este momento, está pendiente en el Congreso una legislación que le otorgaría a Leal el derecho a una audiencia federal con relación a la violación de sus derechos bajo la CVRC.
«La legislación le daría al señor Leal la oportunidad de demostrar que, con asistencia consular, probablemente no hubiera sido condenado y mucho menos sentenciado a muerte», dijo el comunicado de Babcock.
El problema es que la promulgación de dicha legislación se tomaría buena parte de este año, según comentó a BBC Mundo una fuente del equipo de la defensa que pidió no ser identificada.
Petición de clemencia
La vida o muerte de Leal penden ahora de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, que ya fue solicitado por el presidente Obama o de la orden de aplazamiento de la ejecución del gobernador Rick Perry.
Al presidente Obama le preocupan los posibles daños «irreparables» en la relación con México.
«La moción para otorgar clemencia ha registrado un apoyo inusitado», dijo la fuente del equipo de defensa. Según ella, la oficina del gobernador de Texas ha sido inundada con 25.000 correos electrónicos además de cartas y expresiones de apoyo de ex diplomáticos estadounidenses, comandantes militares retirados, jueces y fiscales.
Ahora Barack Obama se une, buscando que la Corte Suprema frene la ejecución mientras la legislación del Congreso sea aprobada.
El analista Michael Shifter, del centro Diálogo Interamericano, en Washington, expresó a BBC Mundo que la Casa Blanca se da cuenta de las implicaciones para otros estadounidenses en el exterior de no adherirse a los convenios internacionales y del grave impacto que tendría en las relaciones con México.
«No hay dos países que tengan una relación más profunda que México y Estados Unidos», explicó Shifter. «Obviamente todos los temas entrarían en la agenda, pero si se habla de narcotráfico y comercio, este caso no va a ayudar que haya cooperación».
El analista no prevé que vaya a haber una acción específica de México contra su vecino del norte, pero el costo se verá expresado en las dificultades de poder llevar una relación de cooperación entre dos socios.
Diferentes agendas
Al presidente Obama le corresponde defender los intereses nacionales, pero el gobernador de Texas no tienen en su agenda la relación con México.
La suerte de Leal está en manos del gobernador de Texas, Rick Perry.
Eso crea una tensión entre el gobierno federal y el gobierno estatal palpable en los comentarios que envió la secretaria de prensa del gobernador, Katherine Cesinger, por correo electrónico a BBC Mundo.
«Texas no tiene obligación con el fallo de un tribunal extranjero. La Corte Suprema de Justicia de EE.UU. dictaminó en 2008 que el convenio no vincula a los estados y que el presidente no tiene la autoridad para ordenar a los estados a revisar los casos de los, entonces, 51 ciudadanos extranjeros esperando ejecución en EE.UU.», comunicó la portavoz.
«Quien cometa el crimen más atroz en Texas, puede esperar recibir la pena máxima según nuestras leyes, como en este caso en el que Leal fue sentenciado por la violación y muerte a golpes de una niña de 16 años», añadió.
Texas es el estado que más ejecuciones realiza y hay una tendencia de opinión pública muy clara con respecto a este tipo de crímenes. Según Michael Shifter, esto le añade visos políticos a la situación.
«Esto le puede rendir frutos de corto plazo a Rick Perry, que contempla ser candidato republicano a la presidencia y tiene apoyo de mucha gente», señaló. «El gobernador Perry responde mucho al reclamo y clima de la opinión pública en su estado y Obama tiene que responder a las relaciones internacionales y convenios».
Dicho esto, la secretaria de prensa comunicó a la BBC que el gobernador no ha tomado una decisión final con respecto al caso.
