Santo Domingo
Defender a narcotraficantes, en muchos casos, representa un riesgo para los abogados, pero al mismo tiempo es una labor atractiva porque los “capos” suelen pagar sumas millonarias a sus defensores.
Los abogados que defienden a estos personajes imputados en asuntos de drogas nunca revelan el monto ganado por la prestación de sus servicios.
Juristas consultados al respecto admiten que el pago de sus honorarios es “mucho”, comparado con la representación legal que ofrecerían a gente acusada de cometer otros delitos penales.
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De acuerdo con testimonios de abogados, desde el momento cuando asumen un caso por violación a la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas, adoptan medidas de seguridad personal y profesional. En sus oficinas privadas, por ejemplo, algunas medidas que suelen tomar son la instalación de cámaras de seguridad, proveerse de un servicio de protección privado, adquirir una licencia para porte y tenencia de armas de fuego, entre otras precauciones.
Son previsiones para protegerse, conscientes de que se involucran en un caso de alto riesgo. Mientras tanto, para otros profesionales del derecho, llevar un caso sobre narcotráfico sólo representa un caso más como cualquier otro delito.
Otra situación entre defensores de narcotraficantes ocurre cuando llegan más allá de los límites de esa relación profesional, como cuando sostienen vínculos sociales o personales con ellos. Eso no sucede con todos los profesionales del derecho, porque muchos distancian su labor profesional de la relación y contactos personales.
Modificación a la Ley 50-88
Entienden que la Ley 50-88 sobre drogas y sustancias controladas debe ser modificada en muchos aspectos, porque se contradice con la Ley 70-02 sobre lavado de activos. En una reflexión sobre esto último, plantean que, igualmente como evoluciona el narcotráfico, “las leyes del ordenamiento jurídico deben ser modificadas”.
Para el jurista Carlos Balcácer, el día cuando se juramentó ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia aceptó defender hasta lo peor, “hasta la cloaca o la cúspide social de la nación”, convencido de que, quizá, “soy el único, sin ufanarme, que llega a donde nadie se atreve a llegar y lo hago públicamente, sintiéndome acreedor de los méritos que a otros abogados, con o sin ejercicio, los secretos de la caridad y la moral entrecomilladas procuran darles”.
A juicio de Balcácer, quien asumió la defensa del ex capitan Quirino Paulino Castillo, extraditado a Estados Unidos por la Suprema Corte de Justicia, “el pago eternamente se hace en efectivo, porque los imputados de narcotráfico generalmente no conllevan una contabilidad organizada”.
Recuerda que cuando asumió la defensa de Rolando Florián Féliz, éste siempre le pagaba con papeletas de 20 y 100 pesos, dando la apariencia de que salían a recolectarlas en esquinas de semáforos.
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Los abogados que asumen defensas en asuntos de drogas establecen las tarifas de acuerdo a la gravedad y al estatus socioeconómico del cliente. Pueden defender 10 kilos de cocaína a una “mula”, por 200 mil pesos, y la misma situación por un millón de pesos al que envía esa droga, es decir, al cómplice.
Según estos juristas, hay ocasiones en que hay que definir el “modus vivendi” del cliente, residencia, sector, marca del vehículo, prendas de vestir, hasta la clase de perfume, para medir su nivel económico, ante el hecho de que muchos, con gran destreza, lo esconden.
Algunos juristas entienden que las dificultades más comunes que encuentran en el proceso es que el público, en sentido general, no entiende lo que significa presunción de inocencia. Recuerda que cuando a una persona se le acusa y arresta, la presunción inmediata es que esa persona es culpable.
Para el abogado Freddy Castillo, quien asumió la defensa de Ernesto Bienvenido Guevara Díaz (Maconi), vinculado a la red de Paulino Castillo y extraditado a Estados Unidos bajo cargos de narcotrafico, si las personas que lo contactan para asumir defensa en un caso de narcotráfico, pueden asumir los gastos de honorarios y, en efecto, “si uno desea ganarse la vida defendiendo presos, obviamente no lo va a ganar defendiendo atracadores, sacacarteras, carteristas, porque éstos no van a tener los recursos para cubrir los honorarios de un buen abogado”.
Cómo llegan los casos
Dice que se comienza defendiendo a quien robó un pollo, éste recomienda al que robó un chivo y éste lleva luego al que robó una vaca. “Es simplemente un asunto de fama. Las cosas se corren rápidamente, preso a preso, de recluso a recluso; la fama de uno va creciendo y asimismo la gente te va buscando y terminas especializándote, aunque ese no sea tu objetivo al principio”, agrega.
“Uno, como abogado, tiene que lidiar con esa situación y tratar de explicar que esa persona no ha sido condenada y que le asiste la presunción de inocencia y que tiene derechos”, argumenta el jurista Félix Humberto Portes Núñez, quien actualmente asume la defensa de Sobeida Félix Morel, acusada de la comisión de lavado de activos.
Dice que un arresto es sinónimo de culpabilidad en el país. “Es algo fuerte que nosotros tenemos que pelear, incluso, los mismos jueces deben ser imparciales y conocen que la persona acusada está revestida bajo el principio de presunción de inocencia; muchas veces aplican prisión preventiva y no el principio de presunción de inocencia. Aplican “el principio de culpabilidad”.
Sobre las medidas de seguridad de los abogados, Portes Núñez dice que normalmente andan con guardaespaldas, armas de fuego, caja de seguridad en oficinas para que no se atente o robe documentos delicados que deben ser preservados.
OFICIO Y CONFLICTO
Para el jurista Félix Damián Olivares, quien también formó parte de la defensa de Paulino Castillo, la labor de un abogado es defender a un ciudadano que se encuentre en conflicto con la ley, independientemente de la infracción que haya cometido.
Sin embargo, admite que es una tarea difícil. “Yo no tengo ningún conflicto moral en lo absoluto, porque viéndolo desde el punto de vista objetivo no habría ninguna diferencia entre defender a una persona acusada de narcotráfico y defender a un millonario del país”, dice.
A juicio de Freddy Castillo, quien asume la defensa de varias personas acusadas de narcotráfico, incluyendo a imputados en el caso Paya, si una persona se va a través del aeropuerto y lleva droga en el estómago, sin duda tenía una situación económica difícil cuando se vio precisado a eso.
Entiende que en tal caso no puede pretenderse el cobro de millones, porque si la persona los hubiese tenido no habría cometido el hecho.
Ahora, agrega, “si a usted lo están acusando de patrocinador en un caso de 400 ó 500 kilos de cocaína y se hace un análisis de lo que cuesta, sabría que está en presencia de un peje gordo.
Se puede hablar entonces de honorarios más cuantiosos”.
Ramón Cruz Benzán
ramon.benzan@listindiario.com
