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Están acusados de fraude y lavado de dinero. Un acuerdo judicial permitió a PokerStars y Full Tilt Poker recuperar los dominios, pero no podrán operar en el país.
La Fiscalía de Nueva York confrimó que acordó devolver los derechos sobre los dominios en Internet de las compañías PokerStars y Full Tilt Poker. Se trata de dos de las tres mayores empresas de póquer online del mundo que están acusadas de operar ilegalmente en los Estados Unidos.
Esos dominios fueron confiscados el 15 de abril como parte de una investigación para desentrañar el funcionamiento de una trama de apuestas ilegales en Internet. Las autoridades sospechan que para poder continuar con su negocio, las compañías habrían incurrido en delitos como lavado de dinero y fraude bancario.
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El acuerdo alcanzado con la Fiscalía establece que ambas empresas podrán seguir operando siempre y cuando sea fuera de ese país, al tiempo que podrán devolver el dinero que usaron los jugadores locales en sus apuestas.
“Ninguna de las cuentas de los jugadores en los Estados Unidos fue congelada o confiscada, y cada una de las compañías de póquer implicadas ha sido siempre libre de reembolsar los fondos depositados por cualquier jugador”, aseguró el fiscal federal Preet Bharara.
Por su parte, PokerStars y Full Tilt Poker se comprometieron a impedir que usuarios de ese país puedan realizar apuestas con “dinero de verdad o ninguna otra cosa de valor”.
La tercera de esas grandes firmas de póquer online acusada por las autoridades estadounidenses, Absolute Poker, no forma parte de este acuerdo, pero la Fiscalía aseguró que también puede recuperar su dominio si llega a este mismo pacto. Tampoco regularizaron su situación los sitios ultimatebet.com y ub.com.
Bharara impulsó, junto al FBI, una demanda para acusar a un total de once personas, “no sólo por operar un negocio de apuestas ilegales, sino también por cometer un masivo fraude informático, bancario y de lavado de dinero, a pesar de las reiteradas advertencias de que su conducta era ilegal en los Estados Unidos”.
Las tres compañías habrían obtenido un total de 3 mil millones de dólares como resultado de sus actividades ilegales en este país, que después habrían depositado en diferentes cuentas bancarias mintiendo sobre la naturaleza ilegal del dinero o, incluso, sobornando a esas entidades bancarias.
